Los candidatos sellaron un acuerdo de 10 puntos para llevar iniciativas a la Cámara de Diputados con el objetivo de enfrentar el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
fuente: LA GACETA
La lista de Unidos por Tucumán firmó un acta compromiso de 10 puntos para promover medidas concretas desde el Congreso Nacional en la lucha contra el narcotráfico. El documento lleva las firmas de los candidatos Roberto Sánchez, Micaela Viña, José María Canelada, Milagros Céliz, José Vera, Belén Cejas y Mario Ibrahim.
“Vemos con muchísima preocupación los casos recientes que demuestran los lazos de políticos y narcos, tanto a nivel provincial como nacional. Y eso es grave porque quien se asocia con narcos no puede combatirlos. En Unidos por Tucumán tenemos las manos limpias y la convicción de hacerles frente”, señalaron desde el espacio.
Sánchez, primer candidato en la lista, repasó distintos hechos que -según indicó- muestran el crecimiento de la “narcopolítica”. “Hace dos años denunciamos esta connivencia en Alberdi y nos trataron de denunciadores seriales. Hoy el municipio se encuentra intervenido, con su ex intendente y su esposa, legisladora, procesados por lavado de dinero. Vemos el caso Espert a nivel nacional, que primero intentó negar los vínculos y después lo terminaron bajando porque su candidatura era insostenible. Por eso, queremos impulsar normativas para que estos casos no vuelvan a ocurrir nunca más”, dijo.
Por su parte, Canelada advirtió que “las alarmas están encendidas” y explicó dos factores que potencian el poder de las organizaciones criminales: los contextos de pobreza, donde los narcos reclutan jóvenes en situación vulnerable, y la conexión con sectores políticos. “Si los narcos acceden al Estado, esto pone en jaque la seguridad y la democracia de un país. Pensemos en lugares como México o Colombia, los procesos terribles que han vivido y siguen viviendo. Y todo esto se agrava cada vez que cae un narco y tiene lazos o fotografías con referentes del oficialismo o cada día que pasa sin que se promulgue la ley que se aprobó en 2018 para desvincular a cualquier empleado público con causas por venta de drogas. ¿Por qué Manzur y Jaldo la han hecho dormir durante siete años?”, cuestionó.
Viña, en tanto, destacó que en las recorridas por los barrios este es uno de los reclamos más frecuentes. “Los vecinos lo padecen. Nos cuentan que es un problema grave, que es moneda corriente para ellos ver cómo se vende y se consume droga en las calles. Nos preocupa muchísimo, pero entendemos que estamos a tiempo de tomar acciones firmes para evitar vivir el infierno que sufrieron otros países. Firmamos este compromiso para enfrentarnos a este problema, pero también para poner de manifiesto que no somos todos iguales, que aquí hay un espacio que puede hablar desde la ética y la moral sobre estos temas”, afirmó.
Entre los principales puntos del acuerdo se incluyen:
Transparencia en el financiamiento de campañas.
Recuperación social de activos ilícitos.
Autonomía plena del Ministerio Público Fiscal.
Innovación en inteligencia criminal.
Control de precursores, armas y rutas.
Despliegue permanente de fuerzas de seguridad en zonas críticas.
Protección a denunciantes y periodistas.
Cooperación entre los distintos niveles del Estado y a nivel transnacional.